La falta de inversión en ciberseguridad por parte de las empresas, organismos e instituciones, sumada a otras causas como la proliferación del 5G, la utilización de las redes sociales en todos los ámbitos de la vida o la multiplicación del ciberespacio, han convertido este tema en un problema que va aumentando año a año.
Los datos así lo certifican. Según el último Balance de Criminalidad, correspondiente al tercer trimestre del año 2022 del Ministerio del Interior, observamos que solo en los primeros nueve meses de 2022, los ciberataques en territorio nacional aumentaron casi un 90% con relación al mismo periodo de 2019, el año previo a la pandemia. Las infracciones penales en los nueve primeros meses de 2019 constituyeron 114.946 casos, frente a los 217.571 identificados por los cuerpos policiales entre enero y septiembre de 2022.
Si bajamos al detalle y analizamos estas cifras por tipo de delitos, vemos que las estafas aumentaron un inquietante 96%, al pasar de 97.234 infracciones en 2019 a 191.160 el año pasado. Estos datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son todavía más alarmantes si se observan antes de 2019. Según estos, en los últimos 12 meses (entre septiembre de 2021 y de 2022) suman un total de 254.934, frente a 140.354 en el conjunto de 2019 y 45.894 registrados en 2016. Es decir, en apenas seis años las estafas informáticas crecieron un 455.5% comparando los datos del año pasado con los de 2016.
Los resultados que ofrece el Observatorio de Aiuken Cybersecurity relativos a 2022, certifican igualmente que los ciberdelincuentes han incrementado sus ataques a través de las redes sociales. Los ciberataques de ransomware (secuestro de datos) en las RRSS se han casi doblado en estas, pasando del 8,5% en 2021 al 15,3% en 2022, debido al uso cada vez más masivo de las redes.
Además, uno de cada tres ataques basados en el secuestro de datos o ransomware afectó a los usuarios de las distintas plataformas del correo electrónico (19,1%), las tarjetas de pago (6,3%) y el e-commerce (5,6%). Otra evidencia más de que nadie está a salvo de la cibercriminalidad en una sociedad interconectada.
Todo esto empuja a Aiuken, la multinacional española que protege a las grandes empresas, los sistemas de telecomunicaciones y las infraestructuras críticas, a lanzar una señal de alarma ante la desprotección de empresas, instituciones y ciudadanos, y a redoblar los esfuerzos para combatir esta lacra.
Para Juan Miguel Velasco, CEO de Aiuken Cybersecurity, “2023 va a marcar un punto de inflexión en ciberseguridad, ya que cada vez hay más conciencia de la necesidad de protegerse a nivel informático”. Así, Velasco pide a España “aprovechar los fondos Next Generation EU para amarrar una inversión adecuada y un compromiso a nivel europeo contra los ciberataques”.
